Comunicado
Asociación Caos & Control
23 julio 2002

Alerta en Bogotá
Las políticas culturales del Estado, al servicio de oscuros (y fachos) intereses...

La Asociación Caos & Control siempre ha defendido el derecho de las comunidades populares a utilizar recursos del Estado. En ese sentido hemos participado en varios eventos financiados por instituciones como el Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

Hemos sido críticos de actividades como "Rock al Parque", por haber sido creado como un "experimento de control social" según el propio Mockus, que en lo artístico pretende involucrar a las bandas dentro del mercado multinacional discográfico y que además es una plataforma de propaganda militarista y botín de empresas de sonido, logística y seguridad vinculadas a proyectos fascistas.

En lo que va corrido del 2002 se presenta una situación nueva sobre la que queremos alertar a todo el movimiento popular y social, y particularmente a los trabajadores de la cultura popular. Se trata del estrecho vínculo entre la política distrital de Mockus y la presidencia abiertamente fascista de Uribe Vélez. Se miraron a los ojos, descubrieron que eran uno para el otro y, como dicen las fotonovelas, "pasó lo que tenía que pasar". Si Clinton tuvo alguna vez a Mónica Lewinski, Uribe Vélez tiene a su servicio las enjutas posaderas de Antanas.

Este idilio amoroso tiene como eslogan la "resistencia civil" y como contenido la implementación autoritaria de políticas neoliberales y la "guerra contra el terrorismo", que no es otra cosa que el terrorismo de Estado contra las organizaciones populares, apoyado económicamente en el Plan Colombia.

Mockus, semanas antes de la cancelación de los diálogos del gobierno nacional con la insurgencia, y aprovechando la ocasión de un supuesto sabotaje a Chingaza, lanzó un programa denominado de "resistencia civil", con el propósito de unir a los bogotanos en apoyo a las instituciones y a la Fuerza Pública. De esta manera vinculó abiertamente a las instituciones del Distrito a una política contrainsurgente que venía siendo trabajada de tiempo atrás entre otras por la fundación País Libre de Francisco Santos, quien precisamente fue escogido por el ultraderechista Uribe Vélez como su fórmula vicepresidencial.

Ahora la llamada "resistencia civil" es política de Estado de AUV y lo que queda de Pastrana, y eje principal de la alcaldía Mockus, y dentro de ésta cobra especial importancia la actividad cultural. Su planteamiento, que parece ingenuo, busca, en palabras del propio alcalde, "que las personas que usan métodos terroristas reflexionen, desistan de esos métodos y tomen la iniciativa de reconstruir los caminos de la paz. Para que la solución sea entre colombianas y colombianos o, al menos, dentro de la institucionalidad colombiana."

Con más claridad, el ministro del Interior Estrada Villa, explica que la "resistencia civil" consiste en "una estrategia que será básica y definitiva sobre cómo movilizar a la sociedad civil pacíficamente para enfrentar el desafío que nos ha lanzado las Farc".

No por casualidad, Mockus declara en su llamamiento que: "Aceptamos que sea únicamente la fuerza pública, respetando los derechos humanos y las garantías que da el Estado Social de Derecho, la que combata a quienes están levantados contra el país y atacan a la población civil".

Olvidan el filósofo lituano y su comparsa que los miembros de la guerrilla son ciudadanos colombianos perfectamente insertados en la sociedad colombiana. Y que precisamente ante la ilegitimidad manifiesta de las instituciones, el irrespeto de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública y la inexistencia evidente del Estado Social de Derecho, han hecho propuestas realistas para superar el conflicto armado.

Como hombre curtido en la acción comunicativa como diría Habermas, es decir, diestro en la palabra embelesante y en la manipulación de la imagen, capaz de llegar a las lágrimas o al streap-tease si la ocasión lo amerita, Mockus pretende distraer la atención, desactivar la crítica y ocultar los intereses que persigue. Su manejo simbólico de a peso esconde los enormes problemas sociales que afectan a los bogotanos: baja calidad, altas tarifas y privatización de los servicios públicos; recorte presupuestal para la educación y la salud pública; desempleo abierto y disfrazado y persecución a los trabajadores informales; inseguridad rampante a pesar de la instauración de frentes de seguridad local como modelo de paramilitarización de los barrios; cacería de brujas contra la oposición política; entre otros.

Enarbolando una bandera de sociedad civil que no le corresponde (pues la sociedad civil es la que se organiza por fuera del Estado), dirige su dedo acusador contra los "actores del conflicto", como si no fueran actores principales del mismo quienes ejercen la administración, roban los dineros públicos, aprueban leyes y dirigen las instituciones armadas, con o sin uniforme.

Se pretende involucrar el conjunto de la población en la guerra con el sofisma de su "seguridad ciudadana" y el "combate contra la delincuencia", pero con el evidente objetivo de hacerlos partícipes de la estrategia contrainsurgente. Mientras que a través de los medios, como adalides de la "neutralidad", pregonan sacar a la población civil del conflicto, lo que queda claro es la pretensión de que tomen partido en el conflicto, pero a favor del Establecimiento, de las clases que detentan y quieren mantenerse en el poder.

Centrándonos en el terreno cultural, vemos cómo desde la primera alcaldía de Mockus, con la creación del sistema distrital de cultura y los consejos locales de cultura en 1994, se subordinó la actividad de las organizaciones culturales al Instituto Distrital de Cultura, lo que se convirtió en arma de doble filo, pues si bien éste brindaba los recursos para la realización de eventos, también fue poco a poco incorporando éstos a sus políticas. Conocemos los resultados: se perdieron procesos, se cerraron sedes, algunas organizaciones se disolvieron y otras se vendieron al mejor postor y echaron a la basura su antiguo discurso de "arte popular".

La actividad cultural se empezó a orientar alrededor de los programas de la Alcaldía, como "cultura ciudadana", "sentido de pertenencia" o "seguridad y convivencia ciudadana", promoviendo la vinculación de la comunidad a los programas institucionales y no a la organización en pro de sus derechos y necesidades reales.

La institucionalización también trajo consigo la corrupción y la politiquería. Ahí tenemos por ejemplo la organización de roscas para influir en las contrataciones, manejar presupuestos y hacer clientelismo, como el caso de la plataforma que llevó a Venus Albeiro Silva a escalar posiciones con su "forma nueva de hacer política"... como si la deshonestidad fuera alguna innovación en este país.

Fruto de la misma dinámica, los Consejos Locales de Cultura se han convertido en una especie de burocracia que vela por sus propios intereses y no por los de la comunidad artística que se supone estar representando. Así, los vemos interesados en dotarse de sedes, adquirir infraestructura para la organización de eventos, y que se les asigne un sueldo, pues hacer parte de estas instancias, como diría alguien, "no es una moda, sino un estilo de vida".

Actualmente, como parte del proceso de descentralización, se plantean unas reformas al funcionamiento de estos Consejos, de manera que el gestor local tenga más poder, convirtiéndose en una especie de gerente del sector cultural, para que no pierdan fuerza las políticas del IDCT en las localidades.

Por otra parte, se le da más importancia a la actividad en las localidades, lo cual se traduce en la reducción de presupuesto para los eventos centrales. Esto motivará seguramente a las grandes empresas culturales a competir con las organizaciones locales, desplazándolas en las contrataciones, pues tienen a su favor infraestructura, "profesionalidad" y amigos en las altas esferas, lo cual se traduce como "calidad" en términos del IDCT.

Además, una de las más recientes propuestas del alcalde es el cobro por el uso de espacios públicos para eventos artísticos, otra manera de cerrar espacios para la cultura popular, pues los empresarios siempre tendrán recursos y puertas abiertas para desarrollar sus actividades.

Como si esto fuera poco, el presupuesto del IDCT está reducido a una tercera parte del que había el año pasado, dizque porque hay que sumar recursos para enfrentar el terrorismo. Es decir, se prioriza el gasto militar y policial para montarnos aquí un escenario de guerra.

Invitamos a nuestros amigos y compañeros a mirar con ojo crítico cada uno de los programas planteados desde las instituciones oficiales, y a trabajar con ahínco en la creación de alternativas culturales que respalden los procesos locales de organización de las comunidades populares, buscando en un mediano plazo la constitución de espacios de coordinación independientes al sistema distrital de cultura.